El Principado y los propietarios de terrenos afectados por el parque natural de las Fuentes del Narcea siguen sin acercar posturas

“Ahora mismo estamos en una especie de impasse”. Así describe la situación respecto al parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, José Pablo Vicente, propietario de terrenos incluidos dentro del espacio protegido y presidente de la asociación de afectados ASPROCORO, que participó explicando su experiencia en las jornadas "Los planes de gestión de los espacios naturales protegidos: debilidades y forma de afrontarlos con solvencia. El caso del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias", organizadas por el Comité de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España, en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, y celebradas este viernes en Cangas del Narcea.

Actualmente, el parque natural no tiene un plan de gestión vigente, ya que el último fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2016, entre otros motivos, por carecer de una memoria económica en la que se detallasen las compensaciones. Otro punto al que se hacía referencia en la sentencia, era la necesidad de realizar procesos participativos.

Un diálogo para el que los afectados siempre han estado dispuestos, según explica la abogada Pilar Martínez, representante de un buen número de propietarios, que señalaba en las jornadas que por ahora no hay ningún contacto con la Administración regional para abordar el nuevo plan de gestión, aunque asegura que por su parte lo han intentado. “Esta jornada era una posibilidad, se invitó a la Consejería y declinó asistir. Por nuestra parte siempre ha habido disposición al diálogo, porque además es necesario”, reconoce.

Martínez recordó los tres elementos que la sentencia del TSJA fijó para resolver dentro de los planes de gestión: crear procesos participativos, una zonificación por georreferencias que se publique en el boletín oficial, “que sirva para que los propietarios puedan saber si su finca está afectada y qué nivel de limitación tiene”, matiza la abogada canguesa, así como establecer unas líneas de compensación.

“Se deben aprobar memorias económicas con partidas presupuestarias destinada a compensar a esas personas que ven afectados sus derechos individuales, también al territorio y a los ayuntamientos, ya que estas normas medioambientales suponen una limitación a la autonomía local muy relevante”, resume Martínez, que propone que exista una cofinanciación por parte de la Unión Europea, al tratarse de un coste de conservación medioambiental.

En la obligación de compensar a los propietarios también coincidió el presidente del Comité de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España, Domingo Gómez, que explica que “si se producen unos beneficios para toda la sociedad, es justo que esa sociedad compense, es lo que llamaríamos el pago de los servicios ecosistémicos, que son los beneficios que produce la conservación”. Gómez también insiste en la necesidad de contar con los afectados por las normas de los espacios protegidos: “No se puede hacer un plan de gestión sin contar con la complicidad de los agricultores y ganaderos, lo dictan las propias directrices de la Red Natura 2000”.

Como ingeniero, señala que los planes de gestión de los parques naturales tienen que recoger una visión técnica y “servir para gestionar, porque muchas veces nos encontramos con que presentan buenas intenciones y deseos, pero lo que deben aportar son unas propuestas realistas”. En este sentido, también denuncia que los planes de gestión “son muy parecidos entre ellos, hasta intercambiables”, aunque vayan a ser aplicados en espacios naturales tan dispares como uno de Almería, Levante o Asturias, por lo que reclaman que “deben basarse en los problemas reales que existen en cada sitio”.