Una norma que genera desigualdad

El pasado día 28 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias un nuevo proyecto de ley que tiene por objeto declarar como proyecto de interés estratégico regional (PIER) aquellos que reúnan una serie de condicionantes específicos con el fin de "favorecer la consolidación, crecimiento y transformación del tejido industrial y económico autonómico, y orientarlo hacia una actividad económica más sostenible, digitalizada, descarbonizada, competitiva e integradora".

Con esta iniciativa el Principado sigue la estela de otras comunidades autónomas, como la de Galicia, que ya ha aprobado una normativa tendente a atraer inversiones nacionales y extranjeras a su territorio, con el fin de fomentar la actividad económica social y ambientalmente responsable, la innovación y la competitividad, facilitando para ello la simplificación de los procedimientos administrativos necesarios para la implantación de los proyectos definidos como estratégicos.

El planteamiento que hace la futura ley para los PIER es elegir una determinada tipología de proyectos, definidos por la ley en una lista abierta y bastante inconcreta que, o bien creen 100 empleos directos de carácter indefinido a jornada completa en un plazo inferior a dos años desde que son autorizados, o bien ejecuten inversiones directas de, al menos, 30 millones de euros en un plazo igualmente de dos años desde la autorización.

Como consecuencia de la declaración de PIER, los proyectos pasan a tramitarse por el procedimiento de urgencia reduciéndose a la mitad los plazos legalmente previstos en los distintos procedimientos que corresponda tramitar al Principado y las entidades locales asturianas y, lo más relevante, pasan a ser compatibles urbanísticamente, lo que comporta que se ordene la inmediata modificación o revisión del planeamiento urbanístico municipal para poder albergar las instalaciones del proyecto.

Los titulares de proyectos excluidos pueden decir que a ellos también les gustaría que sus procedimientos se tramitaran al menos dentro de los plazos ya legalmente establecidos

Desde luego, cualquier iniciativa legislativa o administrativa que persiga facilitar y dinamizar la actividad económica y la creación de empleo debe ser bienvenida.

Ahora bien, una mirada un poco crítica sobre todo lo expuesto no deja en buen lugar la iniciativa legislativa anunciada, pues la Administración ya se encuentra sujeta a principios tales como el de eficacia o el de celeridad, así como al principio de buena administración, reconocido por el artículo 41 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que se traduce en el derecho a que la actividad de la Administración, cuando afecta a los derechos e intereses del ciudadano, se desarrolle y resuelva en un tiempo razonable y proporcionado.

Además, los titulares de proyectos excluidos de la declaración de PIER pueden decir que a ellos también les gustaría que sus procedimientos se tramitaran, si no por el procedimiento de urgencia, si al menos dentro de los plazos ya legalmente establecidos. Cabe preguntarse, por otro lado, por qué si la Administración no es capaz de cumplir la ley en los plazos y términos actualmente previstos en igualdad de condiciones para todos, va a hacerlo sólo en los casos de mayor importancia económica y social, o también, por qué no lo hace ya actualmente con proyectos susceptibles de ser clasificados como PIER, como es el proyecto minero de Salave, en trámite desde hace años.

De esta forma, lo que en principio parece una medida dinamizadora, puede presentarse como una evidente desigualdad ante la ley entre proyectos, exclusivamente a partir de criterios económicos y sociales, así como una declaración de que a la actual ineficiencia que ya sufre el común de los mortales asturianos que tiene que tratar con el Principado o las Administraciones locales para que autoricen cualquier actividad, se va a sumar, en su perjuicio, la necesidad de cumplir con la reducción de plazos para los proyectos PIER.

Asturias, como cualquier otra comunidad autónoma, necesita tener un marco jurídico que ofrezca seguridad jurídica para atraer proyectos y para que las empresas puedan invertir con seguridad y certidumbre para sus inversiones y a ello puede contribuir, sin duda, la norma propuesta si efectivamente el Principado es capaz de cumplir con la propuesta y se tramitan los proyectos PIER con celeridad y eficiencia, sin dejar por ello de atender al resto de proyectos en régimen de igualdad y cumpliendo las leyes que ya están aprobadas.

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