La impunidad política

Recordarán cuando hace poco más de un mes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se mostraba ufano tras la aprobación de la ley de Amnistía y subrayaba que la última palabra sobre su aplicación la tenían los jueces. Así ha sido y, de forma clamorosa, los jueces del Tribunal Supremo se han pronunciado recalcando que malversar el dinero público es incompatible con el perdón amparado por el texto de la ley, tanto si el dinero va a parar al bolsillo del malversador como si se gasta en unos fines ilícitos preservando su patrimonio.

Si los jueces tenían la última palabra, cabe preguntarse cómo es posible ahora que el Gobierno los acuse abiertamente de "meterse en política". No es entendible salvo si se trata, como puede que esté sucediendo, de un paso adelante más en el acoso de distinta intensidad pero de igual intención hacia los magistrados discrepantes, a los que algunos tachan de "fachas", otros de "mafiosos", mientras que los socialistas, a la vez que dicen respetar sus decisiones, les reprochan que, al disentir de "la voluntad clara" del legislador, se están entrometiendo en el plano político. Resultará más fácil, aunque seguramente no les conviene, llegar a la sencilla conclusión de que la justicia penal no puede asumir que los ciudadanos dejen de ser iguales ante la ley y que para unos exista la cárcel por cometer un delito y no así para otros cuando se trata de políticos que han delinquido, como ocurre con los casos del procés o de los ERE en Andalucía. Sí parece, en cambio, que por razones estrictamente de conveniencia política el Gobierno y su brigada jurídica se muestran decididos a enmendarles la plana a los magistrados para obtener la sumisión ante los legisladores por un propósito político a todas luces sectario o partidista que nada tiene que ver con el interés común de los españoles pese al esfuerzo por resaltarlo dentro de un mismo relato. Al final, dejémonos de cuentos, lo que se persigue es la impunidad.

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