Juristas, a remangarse

Con alguna muy notable excepción, el estamento jurídico se resiste a entrar al fondo de las sentencias del Constitucional sobre los ERE de Andalucía, quedándose en la cáscara facilona, o sea, cuestionar la legitimidad del TC para revisar sentencias de los tribunales (¡como si el recurso de amparo no estuviera para eso, si se violan derechos amparados por la Constitución!) o se le desacredita por proceder en su mayoría del Parlamento (negando así su legitimidad democrática). En cambio de lo que dicen sus sentencias, hablan poco, aunque es bastante sencillo: que los tribunales no pueden revisar de forma oblicua leyes de los parlamentos por la vía de perseguir los actos preparatorios de las mismas, o que para condenar a un responsable público por la mala aplicación de una ley tiene que demostrarse que sabía que se estaba aplicando mal. Caramba, ¿por qué casi nadie quiere entrar en materia?

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