El hombre acusado de golpear, humillar, menospreciar y someter a situaciones vejatorias a las dos hijas de su pareja, de 10 y 12 años, aceptó ayer una pena de dos años de prisión, tras un acuerdo con el ministerio fiscal, que rebajó en un año sus pretensiones. Además, el encausado no podrá acercarse durante cuatro años a menos de 300 metros de las menores, ni de su domicilio. Igualmente, el condenado no podrá portar armas durante los próximos cuatro años y medio. La Fiscalía no se opuso a la petición de suspensión de la pena, ya que el acusado no cuenta con antecedentes, por lo que podrá eludir su ingreso en prisión si no delinque durante los próximos cuatro años.

Para poder cerrar el acuerdo, fue fundamental el hecho de que el encausado ya satisfizo íntegramente la responsabilidad civil que le correspondía, que la Fiscalía cifró en 1.000 euros por cada una de las niñas afectadas, con lo que se aplicó el atenuante de reparación del daño. Precisamente por ello, la acusación particular no se personó finalmente en el juicio, al ver satisfecho su derecho con el reconocimiento de los hechos por parte del encausado, según informó el abogado de este, Javier Díaz Dapena.

Según el relato del ministerio fiscal, los hechos sucedieron entre los años 2013 y 2016, cuando el ahora condenado y su pareja vivían en un mismo domicilio, junto con la hija de ambos y dos niñas, las víctimas de las vejaciones, de 10 y 12 años, hijas de la mujer y fruto de una relación anterior. Fue entonces cuando el hombre “comenzó a someterlas a una continuada situación de coerción verbal, temor y conminación, con puñetazos en la espalda y bofetadas propinadas con el dorso de la mano en la cara y el tronco, o sujetándoles violentamente del cabello y arrastrándolas por el pasillo y mordiéndoles en los brazos y antebrazos”, recoge el escrito fiscal.

No quedan ahí las vejaciones: “También las golpeaba con una espátula en la espalda y en las nalgas y las obligaba a ducharse con la puerta del baño abierta, accediendo él mismo al aseo para contemplarlas mientras se duchaban, pese a que las menores le habían indicado que se sentían incómodas al ser observadas en tal circunstancia”. Además, a la mayor la obligaba a “a desnudarse cuando llegaba a casa, bajo el pretexto de que quería revisar su cuerpo para ver si se había hecho algún tatuaje o si llevaba algún piercing”.

La Fiscalía entiende, no obstante, que “la madre de las niñas desconocía esta situación, ya que el acusado llevaba a cabo estas acciones cuando su pareja se encontraba trabajando fuera del domicilio familiar”. Además, “las niñas se lo ocultaban ante el temor que les infundía el acusado y por miedo a las consecuencias que pudieran tener” si lo contaban.

Fruto de todo ello, un informe psicológico forense concluyó que “ambas menores mostraban unas secuelas significativas en lo que tiene que ver con su sintomatología postraumática por la situación vivida con componentes de ansiedad y depresión, que requerirá de un apoyo especializado para afrontar y solventar la sintomatología”.