El Gobierno anuncia la reforma de la Administración, para buscar una mayor eficacia y abaratar costos. Era necesario hace mucho tiempo, así que, si lo lleva a cabo, la dicha, aunque tarda, es buena.
¿Reacciones? Lo esperable de cada uno de los actores del teatro público-representativo: Podemos e IU se han preocupado fundamentalmente por los funcionarios (¿pero acaso no representan a los ciudadanos?), igual que los sindicatos, y el PP ha aprovechado para decir que Barbón la tiene pequeña, o algo así. Un sindicato ha llegado a decir, incluso, que hacen falta más funcionarios. C's ha estado prudente y los empresarios han aplaudido.
¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Sobran funcionarios? Probablemente en el ámbito de la administración general, sí. No tiene sentido que, tras años de progresiva informatización, no pare de crecer el número de ellos. Y, por otro lado, es seguro también que son necesarios en ciertas actividades los que de momento lo están en otras sin mayor ocupación. Además, es precisa una reforma general de la estructura administrativa en virtud de las realidades y necesidades actuales.
Mas la reforma fundamental, la que hará que la maquinaria sea más barata y atienda con mucha mayor rapidez al ciudadano, no es principalmente una cuestión de empleos y puestos: es la simplificación de la normativa y de los procedimientos, hay que eliminar drásticamente los efectos de un vientre suelto legislativo y normativo de décadas.
Tampoco anda muy bien la maquinaria informática del Principado, ni en terminales, ni en servidores: hay todavía auténticas patatas por las oficinas.
El Gobierno se enfrenta a una hercúlea tarea. Va a encontrar reticencias y resistencias de todo tipo: derechos adquiridos, oposiciones corporativas y pleitos. Item más: para algunas actuaciones carecerá de competencia legislativa.
Merece la pena la tarea. Esperemos que no ocurra como con el parto de los montes, que, tras gran estrépito y expectación, parieron un minúsculo ratón.
