Los seis meses que una asturiana ganó a la eutanasia (y fue gracias a luchar por su pensión)

Ana María era una vecina de Langreo que en noviembre de 2023 tenía programada su eutanasia. Tenía 51 años. Llevaba desde 2018 diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), había alcanzado un grado muy alto de deterioro físico y sospechaba que apenas le quedaba poco de vida. Pero ella quería acortar ese sufrimiento. Y su elección de acabar con su vida no se debía tanto a que quisiera terminar con sus padecimientos físicos como a que se negaba a seguir siendo un enorme lastre económico para su familia, por los altísimos costes que implicaban su tratamiento. Y más para alguien como ella, que ni siquiera tenía una dependencia reconocida por la Seguridad Social que le correspondiera con una pensión.

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Y no porque no lo hubiera intentado. Esta langreana ya había solicitado la prestación económica, pero se la habían denegado. Pese a que había trabajado toda su vida como dependienta, su problema radicó en que la aparición de la enfermedad fue lenta y gradual y eso no ayudó a que se le pudiera diagnosticar la ELA hasta que ya había tendio que dejar el trabajo. "Se encontraba mal, pero no le diagnosticaban qué tenía. Se veía muy limitada para hacer las funciones de su trabajo, pues atender al público cada día se le hacía más cuesta arriba, y difícilmente lo podía compaginar con su vida familiar y social. Por este motivo dejó su empleo para empezar a cuidarse y continuar yendo a los médicos. Hasta que finalmente le diagnosticaron ELA", cuenta su abogada, María Teresa Menéndez.

A su despacho –Velázquez & Villa– Ana llegó "en un último intento", recuerda Menéndez, que junto a su equipo están especializados en incapacidades laborales permanentes. No se le olvida aquel día. "La primera visita fue muy impactante. Ana me dijo que en todos los sitios le habían denegado la prestación de carácter contributivo por la seguridad social porque no tenía suficiente tiempo cotizado y que además le habían remarcado que no tenía ninguna posibilidad de recibirla", comenta la directora general de Velázquez & Villa. Ana le pidió a María Teresa que no la engañara, que si había alguna posibilidad de pelear por su pensión –e, indirectamente, por la que le quedaría a sus familiares– estaba dispuesta a parar la eutanasia que tenía programada para sólo unos días después.

"Le comenté que sí veía un procedimiento legal para conseguirlo, pero ella me dijo que si se lo podía asegurar, porque tenía la eutanasiafijada para el siguiente martes. Desde mi punto de vista no la veía tan afectada físicamente como para tomar una decisión tan drástica, y yo no dejaba de pensar que aún podía estar con su hija de 12 años unos meses más, pero me explicó claramente que lo hacía porque suponía una gran carga económica para su familia", recuerda María Teresa Menéndez. Estudios recientes dicen que un paciente de ELA supone un coste de entre 60 y 70 mil euros al año.

Con la presión que implicaba la situación de Ana, María Teresa convocó a todo el despacho a una reunió de urgencia para analizar el caso y llegaron a la conclusión de que sí había posibilidad de obtener la prestación por la llamada "doctrina flexibilizadora y humanitaria".

María Teresa Menéndez explica que para recibir la prestación por incapacidad laboral, como todas las prestaciones económicas, es necesario cumplir con una serie de contingencias: "En el caso de Ana, la de la salud estaba clara por su enfermedad, lo que no estaba claro eran los años de cotización que había acumulado, pues todos le decían que no eran suficientes". Aunque Ana había trabajado unos años con el régimen general, como consecuencia de los dolores que le provocaba la enfermedad dejó su empleo. Tras esto, se dio de alta como autónoma para seguir cotizando pero apenas pudo desarrollar el empleo por su condición, de ahí que le dijeran que no cumplía con los requisitos mínimos".

Tras un mes de trabajo de todo el equipo laboral, finalmente lograron la prestación por incapacidad de Ana. La clave estuvo en esa doctrina flexibilizadora y humanitaria que afecta a los casos como el de Ana, donde una persona no ha podido cotizar debido a una enfermedad subyacente que se lo impedía, pero que tuvo un diagnóstico tardío. "Tuvimos que explicarla en las administraciones dada la premura de tiempo al que nos enfrentábamos", comenta María Teresa Menédez.

"Nunca se nos olvidará este caso porque fue muy duro, pero también bonito. Dentro de todo, Ana reflejaba felicidad por haber conseguido la pensión y pudo estar con su hija 6 meses más" concluye María Teresa Menédez. El pasado 5 de junio Ana fallecía dejando pensión de viudedad a su marido y de orfandad a su hija. Fue su pequeña gran victoria a la ELA.

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