Poder Judicial, ¡zapatero, a tus zapatos!

El Poder Judicial en España está bajo sospecha y no es de extrañar. Hace tiempo que venimos comprobando, paso a paso, que los jueces de distintos ámbitos y también los fiscales se han enganchado a la polarización política que vive el país y se saltan con frecuencia sus funciones jurisdiccionales para hacer, sencillamente, política. Algo que la Constitución les limita objetivamente, en razón de su necesaria independencia como un poder del estado social y democrático de derecho.

La separación de poderes como soporte de la democracia tiene su base en dos principios muy claros: que cada poder debe jugar su papel propio con autonomía: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; y que no debe existir interferencia de unos respecto a los otros en tanto no les corresponda el ejercicio de su competencia. Las irrupciones impropias siempre son consideradas como un grave déficit de la calidad democrática del país afectado por tales incidencias.

Aprobada la Ley de Amnistía por el poder legislativo como corresponde a su condición normativa, al margen de la candencia de los debates tanto en el Congreso como en el Senado, así como de su repercusión en la opinión pública o en la calle, ahora solo queda respetar la voluntad democrática mayoritaria del legislativo y aplicar sus disposiciones con estricta obediencia política.

Entendemos que el nuevo texto legal pueda comportar en su ejecución algunas precisiones jurídicas, que se deben canalizar por las vías previstas en nuestro marco procesal, pero lo que no es admisible es que desde algunos estamentos de la justicia lo que se pretenda es discutir los mandatos estrictos de la ley, poniendo excusas netamente políticas de parte para obstruir o torpedear la legitimidad o la efectividad jurídica de la norma.

En concreto, las declaraciones de los cuatro fiscales del juicio sobre el Procés del Tribunal Supremo ante el Fiscal General del Estado suponen un desacato palmario a la voluntad y competencias del legislador, permitiéndose incluso brindar opiniones de tipo sociológico y político absolutamente inadecuadas para su rol jurisdiccional. Late en ellas un sesgo golpista inaceptable, que no debiera quedar impune, dentro del régimen disciplinario que les rige.

Con todo, sabemos que la siembra de algunos jueces teledirigidos por el Partido Popular, cuando no por Vox, pondrá palos en las ruedas a la Amnistía, no solo porque es una forma gratuita para ellos de descalificar al Gobierno de Coalición, sino también porque en sus mentes cerradas no cabe comprender que los conflictos políticos necesitan medidas paliativas, que puedan promover la convivencia pacífica y el respeto al diferente para reconstruir una normalidad democrática imprescindible para el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía en su diversidad.

Detrás de este levantismo judicial hay todo un esquema de trampa pseudodemocrática para frenar la voluntad política de la mayoría parlamentaria vigente y, por ello, es urgente que el estado de derecho se arme de valor para hacer frente a esta estratagema antidemocrática que solo pretende dejar al país incapacitado para abrir nuevos caminos que nos conduzcan a una estabilidad democrática, respetando una pluralidad enriquecedora para alcanzar los objetivos de progreso que esta legislatura nos debe proporcionar para construir un futuro más halagüeño.

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