Opinión

El 11M y Asturias

El trascendente impacto del atentado del que se cumplen hoy 20 años en el sistema asturiano de seguridad

José Emilio Suárez Trashorras, en primer plano, durante el juicio por el 11M, con otros procesados detrás.

José Emilio Suárez Trashorras, en primer plano, durante el juicio por el 11M, con otros procesados detrás. / LNE

La voz de Iñaki Gabilondo es mi primer recuerdo del 11M. Noticias, en principio confusas, fueron concretándose hasta situarnos ante un escenario terrible: el terror yihadista estaba cobrándose la vida de 192 españoles y dejando cerca de 2.000 heridos en Madrid. Aquellos sucesos cambiaron la historia de España. También la mía.

Las mentiras y la nefasta gestión política de los atentados, por parte del gobierno de Aznar, contribuyeron decisivamente a la victoria electoral socialista del Presidente Zapatero, tres días después.

Javier Fernández, secretario general de la FSA, me llamó unas semanas más tarde. Me propuso hacerme cargo de la Delegación del Gobierno de España en Asturias. Acepté su ofrecimiento y el 2 de mayo mudé mis cosas del despacho de la Alcaldía de Llanes al de mi nueva responsabilidad en la ovetense plaza de España.

El traspaso de poderes se realizó de forma correcta institucionalmente. Unos días antes, Javier y yo fuimos a ver a Mercedes Fernández, delegada del gobierno de Aznar en Asturias, para coordinarlo. No olvido nunca su recibimiento:

–Antonio, ¿ sabes dónde te metes?

Por supuesto que lo sabía. Iba a ocupar la misma responsabilidad institucional que ella había ejercido cuatro años. Hablamos y nos pusimos de acuerdo en los detalles mas importantes. Me pidió intervenir en mi toma de posesión. El momento político era muy tenso, pero me pareció oportuno para dejar claro que la institucionalidad debía estar por encima de las disputas políticas. Su intervención no fue protocolaria. Dijo lo que creyó oportuno y aunque hubo quien lo consideró muy inoportuno, sigo considerando que fue necesario y ejemplar que participara, porque las relaciones institucionales y el sentido de Estado deben estar por encima de las disputas partidarias.

Las investigaciones policiales que siguieron aquellos días situaron a Asturias y a sus fuerzas y cuerpos de seguridad en la diana del encarnizado debate político que se suscitó en España. La dinamita empleada en el atentado había salido de Asturias y nada tenía que ver con ETA. Los cooperadores necesarios del yihadismo terrorista habrían sido delincuentes asturianos, investigados por la Guardia Civil (GC) y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Este hecho supuso una auténtica revolución en la estructura asturiana de seguridad. En pocos meses se produjeron cambios drásticos en responsables del CNP y de la GC. Algunos de ellos fueron tan conscientes de la gravedad del momento que el jefe superior de policía me indicó: "Delegado, tenéis que sustituirnos".

El coronel de la GC Pedro Laguna ascendió al generalato, pero recientemente en un artículo dejó clara su opinión: "Veinte años después de aquel terrible atentado está todo contado y realmente importante sólo queda el dolor imborrable de las víctimas. El único consuelo (…) que podríamos ofrecerles hoy a los supervivientes es la certeza de nuestro aprendizaje y la garantía de adoptar las medidas para prevenir que la historia se repita. (…). Fue vergonzoso ver entonces, y es penoso comprobar aún hoy, cómo algunos políticos utilizaron los hechos de forma interesada (…) aún a costa de mancillar sin fundamento no ya sólo a personas con nombres y apellidos, sino a toda una institución".

Mi obsesión en las semanas siguientes fue afianzar la estructura de seguridad en Asturias. Contando con la excelente profesionalidad de la GC y del CNP, me fijé la meta de preservar la importancia que ambos cuerpos y el CNI tenían para el Estado.

Empecé con la coordinación entre la GC y el CNP. Me esforcé en imponerla ante la competencia descarnada imperante en muchas situaciones anteriores. Dediqué, con los responsables de ambos cuerpos de seguridad, muchas horas a ello. Una prioridad en cada reunión fue el control de explosivos en nuestra comunidad y la estricta aplicación de la nueva normativa sobre los mismos. La superación del destrozo operativo que el atentado evidenció compensó ampliamente el esfuerzo.

Estoy personalmente satisfecho de esa etapa. A pesar de las teorías conspirativas que desarrollaron algunos medios de comunicación empeñados en llevar a cabo un periodismo de trinchera reñido con la información veraz, contrastada y rigurosa. La Comisión de investigación parlamentaria, que se constituyó en el Congreso, desarrollaba sus trabajos con mucha polarización, por lo que cualquier noticia que pudiera relacionarse lejana o vagamente con los atentados y Asturias adquiría una importancia desmedida.

La mas sonada fue el presunto suicidio en Gijón de la ciudadana Elizangela, relacionada con el confidente Lavandero. Se utilizó toscamente su muerte para resucitar teorías conspirativas empeñadas en reconducir la investigación hacia el entorno de ETA, alejándola, taimadamente, de su relación con el islamismo.

Todo ello tuvo consecuencias perniciosas. Se perdieron mandos de gran valía y proyección, como el teniente coronel Bolinaga, que dirigía la comandancia de Gijón de la GC, y comisarías del CNP como la de Avilés soportaron durante muchos meses una presión mediática asfixiante por haber tenido entre sus confidentes a Toro, cuñado de Trashorras, al que puso en contacto con los terroristas yihadistas para intercambiar estupefacientes por la Goma-2 ECO de Mina Conchita.

También las hubo positivas, como el nombramiento de Baldomero Araújo como Jefe Superior del CNP en Asturias, o de José Hermida para la comandancia de la GC de Oviedo. O la excelente labor del CNI en la investigación del yihadismo en Asturias, vigilando la evolución de mezquitas radicalizadas organizadas en cocheras de nuestra Cuenca minera.

Y especialmente debemos estar orgullosos de que, a pesar del auténtico maremoto que supuso la investigación de los atentados del 11M para el CNP y la GC en Asturias, dichos cuerpos fueran capaces de mantener su honorabilidad, profesionalidad y eficacia, situando a nuestra comunidad entre las dos más seguras de España.

En lo que a mis responsabilidades como Delegado del Gobierno se refiere, me alegro de haberme guiado por los principios que Màrius Carol considera obligación del político: "Preservar las instituciones para las que ha sido elegido, respetar a los oponentes aunque no piensen igual, proponer desde el razonamiento en lugar de dejarse llevar por las emociones".