Un pacto necesario y vinculante

El éxito de este acuerdo, tan necesario como arriesgado, que ha puesto fin momentáneo a la "anomalía democrática” que supone el bloqueo, depende tanto del contenido del trato como de su efectivo cumplimiento.

Tan pronto cuestionado, el pacto no es una simple operación de repartirse ambas formaciones, al 50%, el nombramiento de los vocales del gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Aunque la desconfianza entre ambas sigue siendo absoluta, el acuerdo es bastante más, ya que el desbloqueo permite cubrir un centenar de plazas vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.

Los más escépticos se preguntan: ¿qué motivaciones han tenido unos y otros para que, tras 2.000 días con mandato caducado, algo que resultaba impensable haya terminado siendo posible y las formaciones mayoritarias, por ensalmo, hayan desatrancado el "primero renovar y luego reformar" ?

Con dos singularidades llamativas: Políticos cocinando un acuerdo sobre lo que nunca deberían pactar: el gobierno del poder judicial. Aunque siempre habrá quien replique que sirve para recuperar la legitimidad institucional —que un órgano constitucional nunca debe perder—, hacer pedagogía sobre qué es la Justicia, para qué sirven los jueces y cómo funciona el sistema de legalidad.

Y una insólita mediación entre partidos de un Estado miembro, al asumir la Comisión Europea un papel que entraña el aval del cumplimiento y un riesgo sistémico para el árbitro.

Teniendo en cuenta que, en la última década, no han alcanzado un solo acuerdo ¿es la desconfianza que provoca el apetito por el control de la Justicia? o ¿prima la amenaza desafiante de renovar “por las buenas o por las malas”?

¿A cuánta gente importa la afinidad personal o el aprecio que se puedan tener los lideres de dos partidos que suman 258 escaños, donde reside la voluntad popular que debió respetarse en aras de un entendimiento?

Lo que sí preocupa es dejar la última palabra sobre cuestiones nucleares del Estado, a quienes aspiran —previa impugnación de la Transición— a quebrantarlo, porque desvela la “hostilidad patológica de la política española“ (Camacho dixit).

Esta realidad disipa cualquier aprensión de armisticio entre adversarios que desconfían el uno del otro

De ahí que no se acabe de entender que, tras el anuncio jubiloso del acuerdo para desencallar la renovación, el presidente del Gobierno se dirigiese al jefe de la Oposición con una frase ambigua, si bien sedativa: “Ojalá, señoría, este sea el primero de muchos acuerdos»

Apenas 48 horas después, las partes se tiraron los trastos a la cabeza, a cuenta del carácter vinculante del acuerdo firmado. Eso puede explicar que el regocijo se haya desdibujado. Freud lo explicaba así: "Si fuéramos capaces de entender las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido".

Siempre he sostenido que las elecciones se ganan —o se pierden— en el centro y quiero pensar que quienes votaron esperanzados la Constitución, aplaudieron los pactos de la Moncloa o porfiaron mayorías absolutas al centroizquierda…han acogido de buen grado el primer pacto entre dos partidos irreconciliables.

En ausencia prolongada de acuerdos de Estado, la sociedad española, empalagada con la excesiva confrontación política, aspira a retomar la avenencia que ha facilitado los mejores años en avances democráticos, crecimiento económico y paz social…solo quebrada por medio siglo de terrorismo y sendos intentos de quebrar, sin éxito, el orden constitucional.

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En vísperas del cambio de guardia en las instituciones europeas y del Informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho, con sombrías perspectivas en lo referente a la salud de la independencia judicial en España, el momento parece propicio para desperezar una negociación —en apariencia sincopada— al margen de la debida nitidez, por cuanto la Carta Magna reserva la competencia al Congreso y el Senado.

Esta necesaria renovación atenúa uno de los talones de Aquiles de la Oposición, donde corrientes telúricas domésticas se han mostrado, antes del pacto, incómodas con un falso acuerdo que pudiera perpetuar “el final del paganismo y comienzo de lo mismo”. Y es que nada mantiene más la fidelidad del electorado que un odio compartido.

La disposición popular a aceptar la renovación se basa en la insistencia de la UE, la presión de la judicatura y el miedo a que la amenaza de reformar el sistema se convierta en realidad. Sin orillar el sinsentido de haber renovado con el sistema actual y ahora negarse a hacerlo por estar en la oposición, después de haber incumplido la Constitución durante cinco años.

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Quienes nunca darán crédito al acuerdo, prefieren apelar a la prisa que imponen los compromisos de la investidura: los Consejos Judiciales Autonómicos como oblicua vía de escape para fragmentar la unidad jurisdiccional, principio establecido en la Constitución del 78.

La creación de estos Consejos —que supondría un nuevo paso en la politización judicial— multiplicaría los riesgos de dependencia de los jueces respecto al poder político.

La transformación de un sistema de unidad jurisdiccional —que goza de protección constitucional— en uno que no lo sea, precisa una reflexión sin apremios coyunturales. Por tanto, cualquier alteración intimaría un nuevo pacto de Estado.

El acuerdo firmado es precavido y ecuánime para regenerar la independencia del órgano y mejorar la confianza del ciudadano en la Justicia. Con dos cautelas explícitas para alejar tentaciones colonizadoras: exigencia de mayorías reforzadas y calificación objetiva para los nombramientos.

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La suspicacia recíproca no va a desaparecer, la sospecha del gato encerrado, tampoco; pero la línea que separa la audacia de la temeridad es demasiado fina y la apuesta que ha hecho el líder de la oposición es arriesgada, si no se ve acompañada de otros pasos, pendientes de dar por quien puede hacerlo, para seguir depurando el sistema.

El acuerdo logrado merma la auctoritas del Fiscal General del Estado. Con su conducta bajo escrutinio y bordeando la imputación, el órgano constitucional precisa de un cambio que refrende —como signos innegociables— la independencia y la neutralidad.

La renaturalización del Tribunal Constitucional (TC), suplantando en la práctica al Supremo —que tiene la última palabra— y enmendando la Constitución, desde la llamada "interpretación evolutiva”, convierte la admonición del líder popular —exigiendo cambios que garanticen la independencia efectiva del poder político— en urgencia insoslayable.

La exageración es una de nuestras señas de identidad. Pero solo la actuación o la inhibición serán indicios determinantes de la voluntad real de cumplimiento de lo firmado. De momento, no es el comienzo de una amistad ni cabe invocar, como trampantojo, la cuestión vinculante.

En la caja fuerte del Berlaymont (sede de la Comisión Europea), la vicepresidenta checa guarda una copia, dado que nunca se sabe las vueltas que da una llave.