Un acuerdo con disenso

La democracia española presenta los mismos síntomas de crisis que todas las democracias. Uno de los problemas más serios afecta al poder judicial, que debe garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos y el correcto funcionamiento de las instituciones, y sobre el que ha caído la sombra de la politización. El acuerdo firmado por el PSOE y el PP resuelve la situación del Consejo General del Poder Judicial, que permaneció largo tiempo enquistada con graves consecuencias para la administración de justicia. Según una encuesta publicada por un diario nacional, una mayoría de españoles, en general votantes del PSOE y del PP, aprueban el pacto. No obstante, el clamor que se había formado para reclamarlo ha sido seguido, una vez suscrito, por una celebración algo distante, sin aplausos.

Se sabe poco de la intrahistoria de unas negociaciones que se hicieron desesperantes y se desconoce la razón de que no hayan fructificado durante cinco años. Los partidos son los responsables de esta anomalía. No sería mucho pedir que se inculparan por ello. Y, además, sobran los motivos para propinarles una buena reprimenda. Han tenido al Congreso y el Senado inmovilizados, en una pasividad injustificable, en contra del mandato constitucional. El Ejecutivo se ha inmiscuido en la organización interna del poder judicial más de la cuenta. Y el acuerdo, rubricado en Bruselas, solo ha sido posible con la mediación de la Comisión Europea. Ha sido, en resumen, una experiencia agria para una democracia presumida, que conviene no olvidar. Podría servir para aprender a hacernos cargo de nuestros asuntos y sería mejor no repetirla.

Hay muchas preguntas que hacer sobre la travesía del acuerdo, pero tiene más interés poner la vista en el futuro. En principio, se trataba de que los partidos acordaran sin más demora la renovación de los vocales del Consejo General. Sin embargo, a la agenda de las negociaciones se incorporaron aspectos referidos a la carrera judicial y a la selección la próxima vez de los componentes del Consejo. Cabe suponer que el contenido del acuerdo se amplió por la presión del PP con el respaldo tácito de la Comisión Europea, dado que el PSOE únicamente insistía en su objetivo de renovar a los vocales. Así, ambos pueden mostrarse contentos por el pacto. Y los españoles, también. Sumar y VOX, y la mayoría de sus respectivos votantes, han manifestado sus reservas e incluso lo rechazan abiertamente. En realidad, un acuerdo entre el PSOE y el PP, con o sin el apoyo de los partidos radicales, era la única opción posible para hacer efectiva la renovación del Consejo. El problema duró demasiado, fuera de la ley y de lo razonable, y al fin ha sido resuelto.

Pero, en relación con este asunto nuclear, el acuerdo tiene un alcance que trasciende la renovación pactada y es difícil de calibrar. El PSOE y el PP, conjuntamente, encargan a los nuevos vocales la elaboración de una propuesta sobre el procedimiento a seguir para la selección de los futuros miembros del Consejo y se comprometen en firme a tramitarla como proyecto o proposición de ley en las Cortes, el escenario indicado, y por tanto con la participación de todos los grupos parlamentarios. Al respecto, los dos partidos mantienen una discrepancia profunda, que es pública. Sin reconocerlo de forma explícita, admiten que en esto no habrían llegado a un acuerdo y han decidido solicitar un arbitraje a los nuevos vocales, prometiendo su ratificación posterior con los matices que consideren oportunos.

"Misión cumplida", afirmó ufano Feijóo. Pero aún es pronto para llegar a esa conclusión. El trabajo comprometido está a medio hacer. El acuerdo resuelve una situación muy grave, creada por los propios firmantes, pero podría acabar suponiendo un punto de inflexión en el trato de los partidos a las instituciones o en un monumental fiasco, si el PSOE y el PP encallan otra vez donde siempre y la propuesta pactada en el Consejo no se traduce en ley. Bolaños asignó al acuerdo un alto valor político. Y, en efecto, lo tiene. En primer lugar, por haber desvelado las falacias de manual que se esconden tras "el muro", "la extrema derecha extrema" y otras expresiones que saturan la vida política con el propósito de desorientar o, directamente, engañar. Luego, el PSOE y el PP decidirán si hay más buenos acuerdos. Los partidos que los escoltan a izquierda y derecha agitan el fantasma de la gran coalición, otra falacia, y se ponen en guardia para defender su posición de socio preferente. El disenso es saludable para la democracia, siempre que sea constructivo y no impida el acuerdo.

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