Por una financiación autonómica que no genere más desigualdades

El nacionalismo catalán ha puesto sobre la mesa del Gobierno de España una propuesta que a juicio de los expertos llevaría al colapso al sistema de financiación autonómica: que Cataluña gestione todos sus impuestos y se condone la multimillonaria deuda de la Generalitat con el Estado. Resulta razonable que las regiones más ricas pidan ajustar la diferencia entre lo que aportan al conjunto y lo que reciben. Pero no lo es menos que las de menor nivel de desarrollo económico se aferren al principio de solidaridad que sustenta el modelo. Ante este dilema, conjugar autonomía y fraternidad debe ser el principal empeño de un debate que exige diálogo y consenso, no imposiciones ni claudicación. 

El sistema de financiación autonómica que rige en la actualidad en este país, con regiones que circulan tanto en lo económico como en lo social a distintas velocidades, se basa en el reparto solidario y en la redistribución de los recursos para nivelar el gasto en cada territorio. De no ocurrir así, de persistir en las desigualdades, se rompería el principio de igualdad en el acceso y prestación de los servicios a que tiene derecho cualquier ciudadano español independientemente del lugar donde resida. Quienes apelan a una deuda histórica para demandar del Estado una mayor autonomía para disponer de sus ingresos pecan, a la luz del mandato constitucional, de propugnar agravios comparativos que ponen en peligro el Estado del bienestar tal como ahora lo disfrutamos. No es de recibo que los ciudadanos dispongan de mejores o peores escuelas o de más o menos dotados hospitales dependiendo de si habitan una comunidad de apetencias nacionalistas o en otra bajo un Gobierno del PSOE o del PP.

Un cupo para Cataluña pondría en riesgo "la viabilidad del país", avisan los expertos

La reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda de Cataluña –cifrada en 71.800 millones de euros– no pueden convertirse en moneda de cambio para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, como ya ocurrió con la aprobación de la ley de Amnistía a cambio del voto de los nacionalistas catalanes para que Pedro Sánchez pudiera gobernar. No se puede consentir, y contra ello empieza a levantar la voz el Gobierno asturiano como parte afectada, que se consoliden los privilegios de unos españoles frente a otros, con un cupo catalán a imagen y semejanza del que disfrutan desde hace décadas los vascos. Si el PSOE cede al chantaje del catalanismo, se ahondaría en la fractura de la España de dos velocidades.

Quedar descolgada o recibir mejoras de consolación inferiores a las de otros territorios no es una opción para Asturias

El actual modelo, que lleva sin actualizarse desde 2014 y al que ningún gobierno de distinto signo se ha atrevido a hincarle el diente, requiere de una urgente revisión, es cierto, pero esa reforma tiene que hacerse a la luz de un mayor equilibrio, evitando los riesgos evidentes de instrumentalización electoralista y de sacrificio del bien común a intereses partidistas. En este momento se hace imprescindible un acuerdo de concertación entre los dos partidos políticos mayoritarios, que concentran 258 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados y acumulan la mayor parte del poder territorial. En manos de ambos está la búsqueda de un sistema más fiable y estable a largo plazo que no se vea sometido a los vaivenes de las alianzas del Gobierno de turno. El reto es complejo y exigirá un acuerdo colectivo que obligará a unos y a otros a hacer cesiones, pues hay comunidades que reclaman que el reparto de fondos atienda al criterio de población real y otras, como Asturias, que exigen que se tengan en cuenta variables tales como la despoblación, la dispersión territorial o los efectos del paulatino envejecimiento de sus habitantes.

El cupo a Cataluña supone "romper el sistema de financiación", para los economistas asturianos

Si el Ejecutivo acepta las imposiciones fiscales de sus socios de gobierno de Cataluña se arriesga a la quiebra absoluta del sistema, como han apuntado en estas mismas páginas economistas y hacendistas de reconocido prestigio. Con la actual Constitución en la mano, el cupo catalán carece de justificación, en cuanto que la equidad es un derecho que emana de la Carta Magna. Su aplicación condenaría sin duda a algunos territorios a la recesión.

En la partida sobre un nuevo sistema de financiación que atienda a la "singularidad" catalana está en juego, y no se trata de una exageración, el mantenimiento de la cohesión territorial y social de España. Como si el resto de territorios no fueran a su vez singulares y eso les diera opción a reclamar al Gobierno una negociación bilateral al margen de los demás, en un intolerable sálvese quien pueda. Asturias se juega mucho en el envite y no puede asistir a esta ceremonia confusa y partidista como convidado de piedra. Quedar descolgada o recibir mejoras de consolación inferiores a las de otros territorios no es una opción.